Compartir el agua, la falacia yori

Tonatiuh Castro Silva

Publicado originalmente en: Dossier Político, núm. 2674, 19 de julio de 2013.

Foto: Cauce desecado del río Yaqui, en Tórim. TCS.

El desierto de Altar es una subregión del desierto de Sonora en la que se reduce la disponibilidad de agua, se acrecientan la intensidad de los rayos solares y la temperatura, y la vida florece y permanece con aciaga dificultad. Como tal, con esa pesadumbre, ese ha sido durante siglos el territorio de los tohono o’otham –nombrados despectivamente “pápagos” (frijoleros) por los sonorenses–. Durante el Porfiriato, los invasores blancos, rancheros y mineros que detentaban ese territorio, cercaban los pozos y escasos humedales de la región con el propósito de que las familias de la etnia murieran de sed. Y así ocurría.

En el presente se dice que el marco normativo de la cultura se ha generado por simple demagogia. Aun cuando esa haya sido la carga de uno de los vagones en el tren del progreso jurídico, la máquina en realidad ha sido impulsada por luchas sociales alrededor del mundo. Los textos normativos internacionales, que amparan también a las etnias mexicanas, no han surgido en primera instancia ni de la bondad ni de la retórica convenenciera de los regímenes nacionales; son consecuencia de las exigencias de los pueblos originarios.

Como si este proceso no ocurriera y Sonora no fuese económica y culturalmente diverso, la élite agrícola y los empresarios hermosillenses reclaman su derecho al vital líquido, arrastrando con artimañas al hermosillense común que tiene sed y calor, pero no un criterio fundamentado, que ignora que en el municipio solamente el 2% del agua se dedica al consumo humano; el problema básico no radica en una “simple” carencia de agua, sino en el hecho de que el 84% se va a los campos de los terratenientes. 

La mejor herramienta para ejercer el control social es la ignorancia. La mejor táctica para lograr la manipulación es la seducción. Así, los ricos de Hermosillo han realizado una campaña basada en la recopilación de firmas como sustento de un absurdo reclamo, que recuerda aquellos momentos en que los padres pedimos a los pequeños que escriban la carta a Santa, sabiendo realmente a quién correspondería atender la petición y que, además, lo más probable es que no se tenga la capacidad para cumplir ese sueño.

¿Conocen los hermosillenses promoventes de su “derecho al agua” cuáles son las consecuencias legales de detentar el recurso proveniente de otra latitud, cuando se implican además otras comunidades y, particularmente, diversas etnias y por lo tanto, los derechos culturales, que no son sólo ornamento, sino en cambio, imperativos de carácter incluso internacional, superior a la propia Constitución General?

A la par de la ignorancia, es latente la insensibilidad; resulta obligado cuestionarse: ¿les importa a los hermosillenses la carencia de agua que padecen los sectores urbanos más pobres, las áreas rurales rezagadas y las etnias que habitan desde hace siglos el auténtico desierto? Ahora resulta que “compartir el agua” es la leyenda de su estandarte…

El pueblo kuapak o cucapá del valle del río Colorado, a partir del Porfiriato fue despojado de ese que era su hábitat, fuente de alimento y territorio sagrado. Durante varios milenios se dedicaron a la pesca en el río, hasta que las compañías mexicanas y norteamericanas los despojaron de él. Pescaban especies como salmón y carpita elegante. En el delta recolectaban diversos frutos, como tornillo, arroz silvestre y tule. Hasta entonces, el curso cambiante de su cauce había sido aprovechado además para practicar la agricultura, basada en las áreas desocupadas por la corriente. También era fundamental el río para su cultura, ya que sus ceremonias incluían al río entre sus actos. 

No obstante, al crearse el valle de San Luis, el ejido Pozas de Arvizu, localidad asignada a este antiguo pueblo en 1942, no fue ubicado junto al río, sino a cinco kilómetros de él. No sólo la etnia, sino México como país fue afectado por la guerra de Estados Unidos contra México de 1846-1848; como consecuencia, corresponden al segundo sólo 160 kilómetros del río, aunque su longitud es de 2,730 km. Además, en el largo tramo estadounidense del Colorado se ubican veinte presas, lo que no sólo disminuyó el flujo de agua, sino también propició la alteración de los ecosistemas.

En la actualidad, el ejido de los cucapá de Sonora se caracteriza por el rentismo, pues el valle es dominado por empresas agrícolas y agroindustriales mexicanas y extranjeras, para las que ellos se emplean como asalariados, en sus propias parcelas.

En los municipios de Caborca, Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Saric y Tubutama, las comunidades tohono o’otham carecen de agua potable. Por ello, en cada casa se encuentra un pozo de agua para el abasto familiar. En el pueblo de Quitovac, ubicado a 5 km del área de dunas del desierto de Altar, se cuenta con agua entubada. Hay una toma del recurso hídrico en cada vivienda, pero que no ofrece agua potable en realidad, no sólo porque no proviene de un sistema de potabilización, sino porque los mantos acuíferos de la región han sido contaminados por las empresas mineras desde la década de 1990. La red de tubería fue realizada por una asociación estadounidense, la cual implementó el proyecto Especialistas en Protección del Agua ante el desdén de las autoridades mexicanas. Aunque el servicio de agua entubada ya se ofrece en Quitovac, las localidades en general aún carecen de drenaje.

En su origen, Hermosillo tiene el designio prodigioso del agua en el desierto; nombrando a la aldea originaria Pitic, sus moradores, los o’ob o pimas, indicaban con este vocablo el rasgo natural de la “unión de ríos”, refiriéndose al San Miguel y al Sonora. Gracias al progreso tecnológico, ahora es una ciudad sin agua, y sin pimas. Paulatinamente fueron segregados hacia la sierra, con la finalidad de poseer sus territorios; por ello, ni en Hermosillo ni en San José de Pimas hay pimas. 

En sus localidades más remontadas, ubicadas en el municipio de Yécora, carecen de servicios públicos. Las académicas Zarina Estrada y Guadalupe Soltero, de la Universidad de Sonora, consideran que esta situación ha propiciado la migración de las familias pimas a las localidades semi-urbanas de la región, que anteriormente fueron sus asentamientos principales, Maycoba y Yécora, procurando agua potable, drenaje y electricidad, pero alterando con ello la cultura tradicional.

Viviendo frente a un horizonte de agua, el pueblo comcáac muere de sed. Habitan dos comunidades, Punta Chueca y El Desemboque, pertenecientes a los municipios de Hermosillo y Pitiquito, respectivamente. Por Decreto presidencial de 1976 son propietarios de una importante porción de la costa central de Sonora, incluyendo a la Isla del Tiburón, la más grande del país. Aunque, en realidad, no cuentan con la capacidad económica y tecnológica para explotar con certeza y regularidad los recursos del área que les pertenece, como el agua. En El Desemboque cuentan con un pozo de agua, cuyo consumo de electricidad debe ser cubierto por la población. El pasado mes de junio la CFE suspendió el suministro de energía, debido a un atraso de pago desde 2010. Los seris debieron cooperar entre sí para aportar 25 mil pesos, complementarios a un monto de 150 mil de las autoridades. Mientras se restablecía el servicio, el Ayuntamiento de Pitiquito atendió diariamente el desabasto con un camión cisterna de 11 mil litros. Justamente ese ha sido el sistema de suministro a Punta Chueca. En los últimos años, la comunidad se ha convertido en parte del circuito turístico de Bahía de Kino, siendo procurada así por los cöcsar, es decir, los “blancos”, paseantes locales, nacionales e internacionales. Pese a ello, aún teniendo esa condición, carece de infraestructura de agua potable –sólo una planta desaladora en ruinas–, y depende de la visita diaria de una pipa del organismo de agua potable del municipio de Hermosillo.

Su desabasto ha propiciado que los comcáac se hayan convertido en grandes consumidores de refresco embotellado. De acuerdo con la investigadora Alejandrina Espinoza, este hábito alimenticio occidental ha ocasionado serios problemas como la diabetes; cada persona consume diariamente en promedio de 6 a 8 botellas de Coca Cola de 600 mililitros, siendo así prácticamente inevitable el problema de salud pública que ellos denominan ihait quih coatjö (sangre dulce).

En Sonora existe un denominado río Yaqui. No obstante que junto a él habita desde hace más de 700 años la etnia del mismo nombre, ésta no posee su caudal; a pesar de que a partir de su aprovechamiento los yaquis hicieron posible con su agricultura el sostenimiento material del proyecto civilizatorio desde Sonora hasta California, una vez lograda la hazaña se les retiró su fuente de vida. El río les fue arrebatado por los agricultores mexicanos y extranjeros, así como por los gobiernos nacionales y estatales desde el siglo XIX. Soslayando la disposición del único gobierno federal que pretendió restituir su territorio a los yaquis –el de Lázaro Cárdenas, entre los años de 1937-1940–, y contraviniendo su propio marco normativo, el Estado mexicano ha ido ajustando los mecanismos irregulares del despojo, beneficiando a los yoris, la “gente de razón”.

Los yoreme o mayos también fueron originalmente un pueblo ribereño; el Mayo fue el afluente que los abrigó desde la época prehispánica hasta el Porfiriato. A diferencia de los yaquis, los mayos perdieron la hegemonía de su territorio al llegar el periodo posrevolucionario, pues su tierra ancestral fue fragmentada y compartida con los ejidatarios mexicanos. Por ello, en la actualidad viven en alrededor de cien localidades que aunque se encuentran aglomeradas, son compartidas en mayor o menor medida con mestizos. La población se concentra aún cerca del río, sobre todo en los municipios de Etchojoa, Navojoa y Huatabampo, pero su agua ya no les pertenece. El Mayo tiene una cuenca de 16,000 km². De él se alimenta la presa Mocúzarit (Adolfo Ruiz Cortinez), cuyo líquido se utiliza para riego de los distritos de desarrollo rural 148 y 149, con más de 2,000 hectáreas de riego. De su antiguo territorio, queda a la etnia una región de temporal y agostadero, aledaña al “Valle del Mayo”, en el que los yoris desarrollan una agricultura tecnificada.

Otra de las etnias de Sonora que padecen no sólo el desabasto del líquido primordial, sino además la embestida inminente del programa estatal Sonora SI son los makurawe o guarijíos, amenazados por la construcción de la Presa Bicentenario, o “Los Pilares”. 

La etnia reside en una de las áreas más accidentadas de la porción sonorense de la Sierra Madre Occidental. Ante las dificultades y costos de instalación de servicios públicos, con excepción de una ínfima red eléctrica instalada por la presidencia de Fox, que atiende sólo al 2% de las viviendas, los gobiernos han preferido no intervenir. Habitualmente los guarijíos se abastecen de agua del río Mayo y de los arroyos, pues menos de la cuarta parte de la población tiene agua entubada. Su territorialidad, en su conjunto, está por desaparecer, más que por intervención benéfica del mismo, para su explotación. Para atender a los grandes agricultores del valle del Mayo, el actual gobierno estatal ha impulsado la edificación de la presa Bicentenario sobre el río, en la región de los guarijíos. Su anuncio se dio hacia los primeros meses del año 2012 por parte de funcionarios públicos tanto estatales como federales, cuando aún ocupaba la presidencia Felipe Calderón.

La Dra. Teresa Valdivia Dounce, profesora-investigadora de la UNAM, en su ponencia “Pros y contras del proyecto de presa en Los Pilares, Sonora”, presentada en abril de 2012 durante la realización del III Congreso Nacional Proyectos de Desarrollo y Pueblos Indígenas en El Colegio de Sonora, considera que los riesgos de su construcción serían: cambio en la temperatura del agua y de la presa, cambio del clima local, contaminación del aire (por CO² y metano), afectación de la placa tectónica, transformación de la biósfera, proliferación de mosquitos (dengue y paludismo), pérdida de especies animales y vegetales, de sitios arqueológicos, de cuatro panteones, de tierras para la siembra, de viviendas, infraestructura, árboles frutales y plantas medicinales, de terrenos de solares para vivienda e instalación de servicios, de caminos y carreteras, muerte total de 300 kms. del río y etnocidio como consecuencia. Consideró que el proyecto carece de sustento en lo referente a la alimentación de la presa, dado el carácter cambiante de su cauce, propio de un río del desierto.

Respecto a los beneficios, señaló que se considera que consistiría en agua para riego en el valle del Mayo, beneficiando supuestamente a 11,700 usuarios –y afectando únicamente al 10% de la población, es decir, 72 ejidatarios–; se ha indicado que otras virtudes serían el control de sequía e inundaciones en el valle, y la instalación de una hidroeléctrica en sociedad común. Indicó que, sin embargo, en cuanto al beneficio de la presa, los auténticos beneficiarios serían pocos agricultores; en cuanto al manejo del flujo, cuyo torrente cambiante históricamente ha causado problemas naturales de impacto social, resulta elemental la premisa de la limitada vida útil de toda presa. Por otro lado, refirió que se plantea que a los makurawe correspondería el 3% de sociedad, pero que no se cumple tal porcentaje. Ante la inconformidad que desde su inició generó, y aunada a ella la problemática generada por la construcción del acueducto Independencia, el proyecto se encuentra varado.

Cuando se pretende asumir un criterio pragmático para juzgar los problemas sociales se suelen ignorar el pasado y la multiculturalidad presente y, así, se imponen una perspectiva limitada de la realidad y una imagen distorsionada de los hechos. En el caso de Sonora, esta pobreza de visión no sólo se traduce en un carácter deficiente, y hasta perverso de la administración pública, sino que además implica actitudes y movilizaciones sociales encaminadas por la senda de las buenas intenciones, pero con inconsistencia en su andar y extravíos en sus consecuencias. Ante la necesidad de agua de los diversos sectores socioeconómicos y culturales que conforman a la sociedad local, son urgentes una visión gubernamental justa y una ruta técnica precisa, para construir el genuino conducto que habría de trasvasar la riqueza cautiva en el corazón del desierto, a la sequía lacerante de cada comunidad y de toda casa sonorense.

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