El poder y el oficio de la cultura en Sonora

Tonatiuh Castro Silva 

Publicado originalmente en: Dossier Político, 11 de septiembre de 2015; Libera Radio, 13 de octubre de 2015.

El oscurantismo sigue siendo el enemigo a vencer. El progreso del saber científico y su desembocadura en beneficio de la sociedad, así como la constitución de las naciones con base en la razón, siguen siendo un puerto lejano, siendo más notorio en países en los que la Ilustración no fue más que el destello de un faro fantasmal. Tal es el caso de México, donde no se ha alcanzado una república efectivamente moderna. Y no es que el concepto de la república o mucho menos el dogma del liberalismo constituyan los peldaños superiores en la historia, pero sí han sido y son la promesa de la reivindicación humana.

No obstante, predomina en la administración pública, y aun en instituciones educativas, una concepción de la cultura proveniente de una época anterior a cualquiera de las etapas de la historia contemporánea; su sentido es anterior incuso al Porfiriato, careciendo así de los más elementales preceptos antropológicos. Persiste una acepción de la cultura que la considera un bagaje exquisito, virtud intelectual y rasgo exclusivo de la civilización, es decir, tiene un evidente carácter etnocéntrico y clasista. Esta postura, llevada al servicio público, supone que el análisis y la promoción de la cultura son actividades que pueden ser realizadas por cualquier burócrata –y que cualquiera puede ser un servidor público–, siguiendo únicamente un protocolo que consistiría en cumplir ciertos lineamientos institucionales que obedecen a la matriz que el sentido común y el interés económico han tejido por décadas.

La relación entre los intelectuales y el poder, o plenamente su ejercicio de gobierno, ha sido una constante en la historia de México, proveniente incluso del periodo colonial. Refiriéndonos al periodo contemporáneo, debemos recordar que con el advenimiento del estado posrevolucionario se concedieron a ciertos intelectuales posiciones estratégicas en los sectores educativo y cultural. Jaime Torres Bodet fungió como Secretario de Educación Pública (en dos administraciones), Juan Rulfo fue jefe de publicaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI), y otros de sus colegas o contemporáneos igualmente tuvieron una relevante intervención en este ámbito de nuestra vida nacional. No obstante, en esta operación de legitimación política se puede distinguir entre los intelectuales de sólido perfil humanístico y con vocación por el servicio público a la vez, y la casta que tanto a nivel federal como local ha hecho de “la cultura” su posición, aun cuando carecen de la trayectoria de aquellas auténticas personalidades de las artes, la academia y las humanidades.

En Sonora, refiriéndonos al periodo actual, que tiene su raíz inmediata en las décadas de 1970 y 1980, los “notables” devenidos en conductores del campo cultural, tuvieron como rasgo más notorio la buena intención. Las limitaciones de perfil se expresaron y se deben valorar en el presente en función del grado de avance en el contexto general. Referencia de ello es que apenas hacia 1982 se realizó –en nuestro país, precisamente– la Convención Mundial sobre las Políticas Culturales. En la época, se comenzaban a construir los marcos institucional y legislativo tanto a nivel internacional como nacional, y la formación profesional en artes, humanidades y ciencias de la cultura era limitada –como lo sigue siendo en algunas disciplinas– y tenía así mismo un limitado alcance social. En la región, en esa llamada “década perdida” tuvieron vida temporal diversas dependencias, navegando entre el gobierno federal y estatal, desembocando en 1988 en la creación del Instituto Sonorense de Cultura. Surgieron en su pasado inmediato también varias instituciones que aún le dan rostro a la “vida cultural” de Sonora, pudiéndose citar El Colegio de Sonora, Centro Regional del INAH/Museo de Sonora, CIAD, A.C., Radio Sonora, entre un amplio y generoso etcétera.

En el mes de abril del año 2003 cobró vigor la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal que, según su propio texto, “tiene por objeto establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada”, en tanto que el mencionado sistema se plantea como “un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para beneficio de la sociedad”. Su propósito era pues, normar la asignación de los puestos de la administración pública federal, con el afán de colocar en las principales posiciones a personas especializadas en los campos propios de cada institución. La distancia entre el propósito de la disposición legal y la realidad es amplísima.

Considerando cierto conjunto de hábitos y tradiciones políticas en México, es explicable el hecho de que, a pesar de la existencia de la Ley mencionada, diversas dependencias federales que cubre la norma no hayan aplicado todavía el protocolo que dispone, o peor aun, no obstante su aplicación, ocurre sin que se cumpla su intención original.

El oficio de la cultura en Sonora

La intención de la ley de profesionalización del servicio público en el nivel federal tiene reservas en las dependencias que disponen de leyes orgánicas que les conceden su propio funcionamiento, permitiendo que sus puestos principales sigan siendo designados desde una instancia superior, es decir, que sigan teniendo un carácter político. Este es el caso de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Desde sus tiempos como INI su conducción en la región ha sido azarosa. Entre sus jefes locales se encuentran personajes con reconocimiento en determinados ámbitos, como el periodista Sergio Romano o el médico e historiador Ignacio Almada Bay, pero carentes del perfil adecuado. Posteriormente llegó la más politizada etapa de la institución: el arribo del dentista y político panista José Irene Álvarez Ramos, quien asumió el cargo en el periodo inicial de Padrés.

Experiencia similar se vivió en el Centro INAH Sonora, en el caso de la ya pasada ocupación del cargo de director por parte de un abogado –por supuesto, carecía del perfil propio de las ciencias antropológicas, requisito indispensable para un eficiente desempeño–. Formalmente, el Lic. González arribó al puesto tras un concurso definido por la ley ya promulgada para entonces. Sin embargo, por una parte, forzosa consideración merece el hecho de que el concurso solicitaba un antropólogo, un administrador de empresas o un abogado. No se admitían arqueólogos ni historiadores ni demás especialistas de las áreas científico-social o humanística. En el caso de administradores o abogados, no se requería experiencia en el campo de la antropología, ni siquiera en su aspecto administrativo, es decir, coordinación de proyectos de investigación, restauración, etc. Por otra parte, se pudo constatar que, igual que en el pasado, este nuevo procedimiento administrativo definitivamente es susceptible de la contaminación política; el ganador había tenido como mérito su apoyo a la candidatura de Guillermo Padrés hacia la gubernatura, en 2008-2009.

Por otra parte, encontramos que en Sonora hay diversas dependencias federales que no han cumplido con el procedimiento legal. De entre las del campo cultural en situaciones similares está la Dirección General de Culturas Populares (DGCP), Unidad Regional Sonora, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) –dependencia que debido a un extraño proceso de descentralización depende en lo operativo del Instituto Sonorense de Cultura (ISC), “legalmente” desde 1999, y en los hechos desde 2003, con el arribo de Bours a la gubernatura. Si bien en otras Unidades Regionales del país las jefaturas han sido asignadas a los ganadores de sus concursos, en Sonora no ha sido de esta forma.

Mientras ocurre, sería apropiado revisar las experiencias de los concursos que se han realizado, detectar los incidentes propiciados por la existencia de ambigüedades de origen en la Ley o algunos vacíos en los protocolos que se han establecido con la supuesta finalidad de colocar en los puestos clave a verdaderos expertos.

El arte de ejercer el poder

Aun cuando la legalidad constituye hasta el presente el medio apropiado para procurar el orden, la asignación de los cargos estratégicos no debería ser cuestión de normas legales, sino de una lógica derivada de un liderazgo ecuánime y benévolo, deseoso de un desempeño eficiente del equipo gubernamental. En el campo de la cultura, la administración estatal se suele caracterizar precisamente por lo contrario del proceso nacional, que al menos en el papel tiende a la modernización administrativa; en una situación en que se carece siquiera de política cultural, es funcional que los cargos tanto estratégicos como operativos recaigan en manos de funcionarios y personal carentes de los perfiles requeridos, y en una situación en la que se pretende la manipulación del campo cultural, lo acertado es conformar un equipo con legos y la congelación de los recursos humanos especializados, cuando se cuenta con ellos.

La asignación de los cargos fundamentales en el Instituto Sonorense de Cultura (ISC) y en el Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo (IMCATUR), del Ayuntamiento de Hermosillo, a personal sin formación y/o experiencia en la investigación, promoción, gestión, capacitación y difusión culturales, es expresión de una estrategia basada en el control político y en la simulación. En el mejor de los casos, se han asignado plazas a personas con determinado perfil artístico, pero en ocasiones sin formación real aun en este ámbito, o bien, careciendo del primer parámetro –la especialidad en la cultura, en un sentido amplio–, que si se trata de superar la concepción decimonónica o medieval de la cultura, resulta el factor primordial, pues no obstante la evidente ontología cultural que posee el arte, la cultura no se agota en él.

Incluso, se puede observar que no obstante que diversos artistas han arribado a este nivel del poder –e independientemente del camino que han tomado para hacerlo–, el papel histórico de la cultura oficial en función de lo más importante, la cultura regional, cotidiana, urbana y rural, más que frutos ha obtenido fracasos. Su expresión fehaciente es el actual tejido social, que más que a tender a completar un manto protector de las nuevas generaciones, es una sucia frazada que se ha venido deshilando.

Siendo desconcertante en un principio, ha sido asunto cotidiano en varias administraciones del ISC la elevación a nivel ejecutivo de personal manual o de asistencia administrativa a las funciones objetivamente correspondientes a personal especializado, referentes a la coordinación de programas en donde se manejan recursos humanos y financieros no sólo de la institución, sino inclusive de aportación federal, y sobre todo, donde deberían diseñarse y ejecutarse estrategias de efectivo desarrollo sociocultural. Los profesionistas de las diferentes áreas de la dependencia, o el personal que cuenta con amplia experiencia en la instrucción artística o en investigación, capacitación y promoción cultural, han debido pues adaptarse, o lo han adaptado forzosamente, a esta situación irregular.

En tanto la Ley del Servicio Profesional de Carrera tiene un ámbito federal, la administración pública estatal no guarda obediencia a la norma. Sin embargo, más allá del aspecto referente a las virtudes o deficiencias individuales propias de todo funcionario o servidor público, por una parte, Sonora cuenta con un marco normativo que establece objetivos institucionales. En su texto muestra efectivamente que la cultura es más que arte, y así, dispone la realización de programas tendientes tanto a la protección del patrimonio, como al fomento de la cultura en su sentido amplio, contemporáneo.

Este afán de salvaguardia comenzó con la Ley de Fomento de la Cultura y las Artes del Estado de Sonora, del año 2000 (propuesta por el ejecutivo estatal en 1998), abrogada posteriormente para dar lugar a la Ley de Fomento de la Cultura y Protección del Patrimonio Cultural del Estado, en 2011. Conforman además este marco la Ley de Fomento a la Lectura y El Libro (2014), y tienen también incumbencia en el campo la Ley de Educación para el Estado de Sonora (de 1994, con reformas y adiciones entre 2004 y 2014), y la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Sonora, de diciembre de 2010. Indirectamente, se relacionan también leyes referentes a espectáculos públicos, civilidad y valores, documentos históricos, etc.

Por otra parte, debe considerarse que profesional, política y éticamente debería existir un compás, ritmo y desarrollo gubernamental común, más o menos sincronizado, según el cual el cuerpo legislativo con mayor desarrollo (Congreso de la Unión) funcionase como ejemplo a seguir de la retaguardia (Congreso local). Pero como ni siquiera hay trabajo en casos de obligaciones derivadas de la suscripción del Estado mexicano a documentos internacionales (convenios, acuerdos, etc.), pues mucho menos se sienten obligados los legisladores locales a adecuar las leyes del estado a los principios de transparencia, participación ciudadana y profesionalización de la administración pública.

En uno de sus periodos gubernamentales más grises, Sonora tuvo como director de su instituto de servicios médicos a un profesor y, a la vez, a un médico dirigiendo la educación pública. Así como se asume socialmente, por sentido común, que en ciertas profesiones deberá ser un profesional del campo quien preste los servicios propios de su área, como en el derecho o la medicina, tal precepto elemental debe aplicarse también en el campo de la cultura, que engloba varias disciplinas, cuyos profesionales reclaman el ejercicio de su profesión, ante el desplazamiento por parte de los advenedizos ungidos con la venia del poder. Afortunadamente en Sonora se están preparando nuevas generaciones con auténtica vocación por las artes y la cultura, pudiéndose encontrar en el Cedart, en la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes del Itson, en la Licenciatura en Artes de la Universidad de Sonora, en el Eje de Cultura de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la misma institución; ha recibido también Sonora de regreso a muchos de sus jóvenes preparados en universidades de otras regiones del país y hasta en el extranjero. Sigue estando pendiente en la región la impartición de las ciencias antropológicas –situación absurda y paradójica tratándose de uno de los estados con mayor diversidad étnica en el país–, así como la existencia de una universidad intercutural y, sobre todo, la apertura al análisis cultural en los centros de investigación –línea que fue suprimida del único que en algún momento la albergó, El Colegio de Sonora–. Se vislumbra un ancho camino por escombrar. En desagravio a los genuinos afanes que han existido, y en aras de la fe, debemos recordar que en el mundo entero se trata de un camino inédito, y que aquel presunto predominio de la carne asada sobre la cultura es una falsedad, una sentencia jamás enunciada.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Dossierpolitico.com en la siguiente dirección: https://www.dossierpolitico.com/vernoticias.php?artid=163576

Foto 1: Arturo Márquez dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Sonora el 21 de enero de 2017 en Festival Alfonso Ortiz Tirado, en Álamos, Sonora, México. Foto: Luis Gutiérrez. Flickr ISC Sonora.

Foto 2. Palacio de Gobierno de Sonora, Álvaro Dioni. Wikimedia Commons.